La inmigración en España ha pasado de ser un fenómeno controlado a convertirse en un tema crítico que pone en jaque la sostenibilidad económica y social del país.
Un informe reciente, titulado «Inmigración en España: buenismo o eficacia», elaborado por el grupo Amenazas Globales de NEOS, detalla cómo las políticas migratorias actuales han generado un impacto económico negativo que supera los 30.000 millones de euros anuales.
La cifra, lejos de ser un simple dato económico, expone una crisis estructural que demanda soluciones urgentes.
El costo oculto de la inmigración masiva
El informe desglosa cómo la inmigración descontrolada ha incrementado significativamente el gasto público. Los 1,4 millones de inmigrantes desempleados y los 2 millones de dependientes que reciben servicios gratuitos y prestaciones públicas representan una carga que consume recursos esenciales del Estado. Según las estimaciones, el impacto económico de estas ayudas se traduce en un gasto anual equivalente al 50% del PIB per cápita por cada beneficiario.
Pero el problema no se limita al gasto directo. La competencia laboral creada entre trabajadores españoles y extranjeros ha intensificado la precarización del empleo, erosionado los salarios y aumentado las cifras de desempleo en sectores clave, donde la oferta de mano de obra supera con creces la demanda. Este efecto multiplicador afecta directamente a la economía de las familias españolas, poniendo en riesgo su bienestar.
Un modelo migratorio que colapsa el sistema
España alberga actualmente a más de 9,2 millones de personas de origen extranjero, lo que representa un 22% de la población nacional. Aunque algunos sectores políticos argumentan que la diversidad cultural enriquece al país, el informe advierte que el modelo migratorio actual está lejos de ser sostenible. La integración efectiva requiere recursos, tiempo y un enfoque estratégico que actualmente brilla por su ausencia.
El documento también critica la política de regularizaciones masivas como una medida que premia la ilegalidad y desincentiva la inmigración ordenada. Las encuestas más recientes del CIS reflejan que la inmigración se percibe como uno de los principales problemas del país, lo que evidencia la fractura social que estas políticas han generado.
La inmigración no es la solución a la baja natalidad
Un argumento frecuentemente esgrimido por los defensores de las políticas migratorias actuales es que la inmigración puede paliar el problema de la baja natalidad en España. Sin embargo, el informe subraya que esta visión es cortoplacista y errónea. Si bien la inmigración puede aliviar temporalmente el déficit demográfico, no resuelve las causas estructurales, como la falta de incentivos para la natalidad española o la ausencia de políticas de apoyo familiar. Por el contrario, una gestión deficiente puede generar conflictos culturales y sociales que agravan la situación.
Propuestas para un modelo migratorio eficiente
Los autores del informe, entre ellos figuras de renombre como Jaime Mayor Oreja, sugieren una revisión integral de las políticas migratorias. Sus propuestas incluyen la implementación de un sistema que priorice la inmigración regular y seleccionada, con criterios claros de integración y aportación económica. También abogan por la eliminación de las regularizaciones masivas y el establecimiento de un marco legal que premie la legalidad y la responsabilidad.
El informe concluye con un mensaje contundente: la inmigración debe ser gestionada con visión estratégica, garantizando que el modelo sea sostenible tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos españoles. Esto implica un cambio radical en la manera en que los gobiernos abordan el tema, dejando de lado el «buenismo político» y priorizando políticas basadas en la eficacia y la responsabilidad.
Un llamado a los partidos políticos
El grupo NEOS enviará sus recomendaciones a los principales partidos políticos con el objetivo de iniciar un debate serio y constructivo sobre la gestión migratoria en España. Los expertos insisten en que la falta de acción no es una opción. Si no se corrigen las fallas del sistema actual, las consecuencias económicas y sociales serán cada vez más difíciles de revertir.
La realidad es clara: España necesita un modelo migratorio que no solo sea justo, sino también eficaz, capaz de garantizar la estabilidad económica y social del país sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.