El Gobierno ha decidido eliminar el IPC como índice de referencia para actualizar las rentas de alquiler en España. Esta mañana, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución que oficializa el uso de un nuevo índice, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para determinar las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda.
Este índice será el mínimo entre tres variables clave: la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), la tasa de variación anual del IPC subyacente y una tasa de variación media estatal. Este último valor incluirá parámetros definidos conjuntamente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Economía. Además, el nuevo sistema contará con mecanismos de corrección para evitar incrementos superiores al 2%.
Un giro en las políticas de alquiler
El cambio supone un claro contraste con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez en 2018, cuando se limitó a vincular la actualización de los precios de alquiler exclusivamente al IPC. Este sistema, lejos de fomentar acuerdos libres entre caseros e inquilinos, condicionó las rentas a un índice que, en tiempos de alta inflación, ha generado tensiones económicas tanto para propietarios como para arrendatarios.
El Ejecutivo, con esta nueva medida, da un nuevo giro en sus políticas de vivienda. Sin embargo, este cambio también evidencia los bandazos legislativos en la gestión de un sector clave como es el del alquiler de vivienda.
Contexto legislativo y los planes de Sumar
Mientras se debate la Ley de Arrendamientos Urbanos, la coalición de Sumar ha propuesto limitar aún más los alquileres de temporada. Esta iniciativa, unida a la imposición del nuevo índice, podría tener implicaciones significativas para el mercado inmobiliario y los derechos de los caseros en España.
El impacto real de estas políticas se verá con el tiempo, pero la constante modificación de las normativas sobre alquiler genera incertidumbre y preocupación entre los propietarios, quienes temen por la rentabilidad de sus inmuebles en un contexto legislativo cada vez más restrictivo.