Autor: subletim

El presidente Donald Trump sufrió su primer tropiezo judicial tras la emisión de una orden ejecutiva que pretendía eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. El juez federal John C. Coughenour bloqueó temporalmente la medida, calificándola como una acción «flagrantemente inconstitucional», en una audiencia que reflejó la tensa batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La orden de Trump, emitida en sus primeras horas como presidente, declaraba que los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos nacidos de extranjeros temporalmente legales en suelo estadounidense no serían considerados ciudadanos. La medida, dirigida a limitar la inmigración, contradice décadas de precedentes legales…

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El Gobierno central ha planteado un decreto ley para abordar el reparto de los más de 5.000 menores inmigrantes no acompañados varados en Canarias. Sin embargo, la medida, que inicialmente fue descartada por razones de «inseguridad jurídica», vuelve a estar sobre la mesa como una posibilidad. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, confirmó tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, que el texto podría estar cerrado en un plazo de diez días. La idea es que se facilite un reparto extraordinario de estos menores entre las comunidades autónomas. Sin embargo, todo dependerá de la viabilidad legal que determinen…

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El Supremo ha tomado decisiones contundentes sobre el caso que envuelve a José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, marcando un hito en una investigación que ha puesto en jaque al PSOE. El magistrado de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado tanto el recurso de Ábalos contra el suplicatorio elevado al Congreso como la petición del PSOE para querellarse contra el comisionista Aldama. Las resoluciones subrayan la solidez de los indicios y dejan claro que este no es un caso de «meras sospechas». El blindaje del Supremo contra Ábalos El juez instructor ha confirmado que los indicios…

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el primer «índice de referencia» del Gobierno para limitar las actualizaciones de las rentas de alquiler. A partir de ahora, el tope estará fijado en un 2,2%, un cambio que busca sustituir al IPC como índice principal de referencia y que, según el Gobierno, pretende evitar incrementos «desproporcionados» en los contratos. Sin embargo, este nuevo índice, cuya fórmula incluye valores definidos por el propio Ejecutivo, como parámetros del Ministerio de Vivienda y Economía, restringe aún más la capacidad de los propietarios de ajustar sus contratos según la inflación real. Tumbos y contradicciones…

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