Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado por primera vez ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación que enfrenta por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esta ocasión, Gómez optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, durante una declaración que se prolongó por 35 minutos.
Un testimonio lleno de evasivas
En su comparecencia, Gómez aseguró que no existió ánimo de lucro en los hechos que se investigan, relacionados con su papel en la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y el uso del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según afirmó, su actuación se limitó a cumplir las indicaciones recibidas por la Universidad y sus responsables administrativos, descargando así toda la responsabilidad en la institución y en sus altos cargos.
La defensa de Gómez intentó reforzar esta línea argumentativa, subrayando que su cliente no tenía capacidad para realizar las contrataciones por su cuenta y que «cumplió con lo que se le indicó en todo momento». Sin embargo, este intento por desvincular a Gómez de las irregularidades parece estar lleno de contradicciones, especialmente cuando se consideran las acusaciones de que avaló empresarios en licitaciones públicas y utilizó su estatus personal como esposa del presidente para influir en decisiones administrativas.
Las nuevas acusaciones complican su defensa
Esta declaración ocurre tras la ampliación de la investigación en octubre, cuando el juez incluyó nuevos delitos en la causa: apropiación indebida e intrusismo profesional. Según la querella presentada por la organización Hazte Oír, Gómez habría utilizado el software de la UCM en beneficio propio y habría participado en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de contratación, algo que excedería sus competencias.
Además, persisten las acusaciones iniciales de que Gómez recomendó y avaló empresarios para beneficiarse en licitaciones públicas, lo que habría sido posible gracias a su proximidad al poder. Aunque Gómez ha intentado negar cualquier vinculación entre su contratación en el Instituto de Empresa (IE) y su relación con Pedro Sánchez, las dudas sobre el papel que jugó su estatus personal en su ascenso profesional siguen sin resolverse.
Un acceso blindado a la justicia
Por tercera vez, Gómez ha ingresado al edificio judicial a través del garaje, amparada por las medidas de seguridad excepcionales autorizadas por la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco. Esta vez, el dispositivo fue algo menor, pero igualmente llamativo: Gómez llegó vestida de traje negro, escoltada por cuatro personas, y accedió a la sala de vistas sin cruzarse con la prensa, en un contraste evidente con el trato que reciben otros investigados en circunstancias similares.
La sesión, celebrada en una sala de la tercera planta tras constatar que la sexta estaba ocupada, contó con seguridad adicional en los pasillos y acceso restringido a solo cuatro agencias de noticias. Estas medidas, lejos de pasar desapercibidas, han generado críticas sobre el trato privilegiado que ha recibido la esposa del presidente, mientras otros ciudadanos imputados enfrentan los procedimientos judiciales sin este nivel de protección.
Las dudas sobre su conducta persisten
A pesar de las respuestas ensayadas que Gómez ofreció durante su declaración, las sombras sobre su papel en las contrataciones de la cátedra que codirigía no se han disipado. En los dos intentos previos de llamarla a declarar, el pasado mes de julio, Gómez optó por guardar silencio, excusándose en la falta de notificación adecuada y en supuestas deficiencias en las garantías del procedimiento. Ahora, al responder únicamente a las preguntas de su abogado, elude aclarar los puntos más polémicos de la investigación.
Los indicios presentados por los denunciantes, incluyendo posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y el uso indebido de recursos universitarios, han llevado al juez Peinado a mantener abierta la causa y a ampliar su alcance. Mientras tanto, la defensa de Gómez insiste en que no existió intencionalidad delictiva y en que las decisiones investigadas estaban amparadas por las directrices de la Complutense.
¿Una estrategia de evasión?
La estrategia de Begoña Gómez y su equipo legal parece centrarse en diluir responsabilidades, trasladándolas a los altos cargos de la Complutense y minimizando su propio papel en los hechos investigados. Sin embargo, las contradicciones en su testimonio y la falta de respuestas claras sobre su implicación directa en las adjudicaciones y el uso del software universitario no hacen más que reforzar las dudas sobre su conducta.
El caso de Begoña Gómez no solo pone en entredicho su actuación personal, sino que también plantea preguntas sobre el blindaje mediático y judicial que rodea a figuras cercanas al poder. Mientras el resto de ciudadanos enfrenta la justicia sin privilegios ni atajos, las medidas excepcionales adoptadas para proteger a Gómez son un recordatorio de cómo el poder político puede interferir en la igualdad ante la ley.
¿Es esta la transparencia y regeneración democrática que promete el Gobierno de Sánchez? Las respuestas, por ahora, siguen pendientes, y las implicaciones de este caso continúan ensanchando las sombras sobre el entorno presidencial.