El presidente Donald Trump sufrió su primer tropiezo judicial tras la emisión de una orden ejecutiva que pretendía eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. El juez federal John C. Coughenour bloqueó temporalmente la medida, calificándola como una acción «flagrantemente inconstitucional», en una audiencia que reflejó la tensa batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
La orden de Trump, emitida en sus primeras horas como presidente, declaraba que los hijos de inmigrantes indocumentados y aquellos nacidos de extranjeros temporalmente legales en suelo estadounidense no serían considerados ciudadanos. La medida, dirigida a limitar la inmigración, contradice décadas de precedentes legales relacionados con la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos, con contadas excepciones.
Te recomendamos: ¿Elon Musk un nazi?
El juez Coughenour, quien lleva más de cuatro décadas en la judicatura, cuestionó duramente los argumentos presentados por los abogados del gobierno, describiendo la orden como un ataque directo a los derechos constitucionales. “Esta es una orden descaradamente inconstitucional. ¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó esta decisión?”, señaló.
Los fiscales generales de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, junto con activistas y grupos defensores de derechos, presentaron demandas alegando que la orden de Trump viola la 14ª Enmienda y deja a más de 150.000 niños al año en un limbo legal. Además, advirtieron que los estados sufrirían pérdidas significativas de fondos federales destinados a programas sociales y de asistencia.
Por su parte, el abogado del gobierno federal, Brett Shumate, defendió que los inmigrantes indocumentados «siguen sujetos a una potencia extranjera» y, por lo tanto, no califican para la ciudadanía por nacimiento. Este argumento fue rápidamente rechazado por el juez, quien reafirmó que las leyes y precedentes estadounidenses no hacen distinción entre el estatus migratorio de los padres al otorgar la ciudadanía a los nacidos en suelo estadounidense.
La orden judicial no solo representa un revés para Trump, sino que también señala el inicio de lo que promete ser una larga batalla legal en torno a su ambiciosa agenda migratoria. Activistas, estados y grupos legales han presentado demandas en diferentes tribunales del país, anticipando que este será un tema que podría llegar a la Corte Suprema.
Mientras tanto, Trump ha prometido apelar el fallo y «defender vigorosamente» su medida, calificándola como necesaria para proteger la soberanía estadounidense y responder a las demandas de sus votantes. Sin embargo, este primer obstáculo judicial resalta los desafíos que enfrentará su administración al intentar reescribir leyes fundamentales y desafiar décadas de precedentes legales.
Con esta derrota, la lucha por la ciudadanía por derecho de nacimiento marca el inicio de un enfrentamiento político y legal que definirá parte del mandato de Trump, mientras estados y defensores de derechos constitucionales se preparan para llevar esta batalla hasta las últimas instancias judiciales.