El gesto de Lalachus, durante las Campanadas 2024 en RTVE, no puede ser tomado como un chiste inofensivo ni como una muestra de creatividad artística. Se trata de un ataque deliberado contra los valores de millones de ciudadanos, respaldado por un gobierno que, bajo el pretexto de la ‘libertad de expresión’, utiliza las instituciones públicas para ridiculizar creencias profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Y lo peor de todo: lo llaman progreso.
Ofensa selectiva: una herramienta política
Hemos llegado a un punto alarmante en el que la ofensa selectiva se ha convertido en un arma política. Este es el mismo Gobierno que busca despenalizar las ofensas religiosas y respalda burlas públicas hacia símbolos cristianos, mientras condena con firmeza cualquier comentario que roce temas políticamente sensibles para sus aliados, como el sobrepeso de esta «humorista».
Esto no se trata de libertad de expresión; es una manipulación ideológica. ¿Qué ocurre cuando el blanco de la burla no es una minoría privilegiada, sino las raíces culturales y espirituales de la mayoría? Absolutamente nada. Porque, para este Gobierno, los sentimientos religiosos no merecen respeto.
Las mismas organizaciones ultras usando siempre los mismos métodos 👇
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) January 2, 2025
Pervertir la acusación popular para perseguir en los juzgados a personas que no piensan como ellos.
Intentan silenciarnos y amedrentarnos, pero no lo van a conseguir.https://t.co/BcDRkqPzdE
Un gesto moralmente cuestionable y legalmente reprochable
Pero hay un punto que Félix Bolaños y sus aliados mediáticos prefieren ignorar: actualmente, el artículo 525.1 del Código Penal español sanciona a quienes, con la intención de ofender los sentimientos religiosos, realizan actos de escarnio contra los dogmas, creencias o ritos de una confesión.
Más allá de la intención del Ejecutivo de eliminar esta ley, la acción de Lalachus es legalmente reprochable bajo la normativa vigente. Mientras algunos países avanzados de Europa mantienen normativas similares para proteger las creencias religiosas, en España se busca ignorar las leyes actuales para avanzar en una agenda que desprecia estas tradiciones.
La estrategia detrás del ataque
El ataque de Lalachus no fue una simple casualidad. Félix Bolaños y el Gobierno de Sánchez tienen un objetivo claro: desmantelar cualquier barrera que se oponga a su agenda progresista. Al mismo tiempo, utilizan la polémica para dividir y demonizar a quienes defienden valores tradicionales.
Cuando un ministro acusa de “ultras” a quienes denuncian la utilización de recursos públicos para financiar ataques contra sus creencias, no está fomentando la democracia. Está institucionalizando el sectarismo y usando su poder para legitimar divisiones sociales profundas.
Libertad de expresión, ¿sin límites?
Los defensores de este tipo de gestos argumentan que la libertad de expresión debe ser absoluta. Sin embargo, en Europa solo seis países no penalizan las ofensas religiosas. ¿Acaso los otros 21 son menos democráticos que España?
Lo que presenciamos aquí no es una ampliación de derechos, sino un ataque deliberado contra los pilares culturales que sostienen nuestra sociedad. Bajo la excusa de defender el progreso, el Gobierno impulsa acciones que buscan destruir cualquier valor que no se someta a su dogma político.
Conclusión: una burla institucionalizada
El caso de Lalachus no es una simple anécdota. Es un síntoma alarmante de cómo los poderes públicos han sido secuestrados para atacar tradiciones, fe y valores fundamentales.
La respuesta debe ser firme: esto no es humor, ni arte, ni progreso. Es una burla institucionalizada que debe ser confrontada y detenida. Y no solo porque sea moralmente condenable, sino porque la acción de Lalachus infringe la ley vigente. La verdadera pregunta es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que pisoteen nuestros valores?