La Comisión Europea ha puesto el foco en las carencias del Gobierno español para combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial. La falta de medidas concretas y los escándalos que salpican al entorno del presidente han despertado críticas tanto internas como internacionales, marcando un desafío directo a la gestión de Pedro Sánchez.
Michael McGrath, comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, destacó que Bruselas supervisa continuamente las acciones del Ejecutivo español para cumplir con las recomendaciones emitidas en los informes anuales sobre el Estado de Derecho. Estas recomendaciones, fundamentales para el fortalecimiento institucional, incluyen la implementación de canales seguros para denunciantes de corrupción, reformas en la Fiscalía General y mayor transparencia patrimonial de los altos cargos.
Sin embargo, hasta el momento, España ha mostrado un avance limitado, lo que aumenta la percepción de una gestión opaca e ineficaz en un tema clave para la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.
La sombra de la corrupción en el entorno del presidente
Los casos de corrupción relacionados con personas cercanas a Pedro Sánchez han puesto en tela de juicio la voluntad del Gobierno para actuar con firmeza. Entre los escándalos más sonados destacan las investigaciones vinculadas a Begoña Gómez, esposa del presidente, y su hermano David Sánchez. Además, episodios como la trama Koldo y las filtraciones del fiscal general han acrecentado la percepción de conflictos de interés y un debilitamiento institucional.
Bruselas ha pedido reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses y garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, una figura cuya independencia ha sido puesta en duda por estar estrechamente ligada al Ejecutivo. Según la Comisión, estas reformas son indispensables para devolver la credibilidad al sistema judicial y fomentar la transparencia en la gestión pública.
Mientras tanto, la negativa del Gobierno a hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los cónyuges de los altos cargos añade una capa más de opacidad, lo que alimenta las críticas tanto dentro como fuera de España.
Un informe europeo crítico con España y con proyecciones inciertas
El informe más reciente sobre el Estado de Derecho en España, publicado por Bruselas, fue particularmente contundente al señalar las presiones ejercidas por miembros del Gobierno sobre el Poder Judicial. Este tipo de prácticas, según el documento, pone en riesgo la confianza pública en la justicia y puede tener efectos negativos duraderos en el sistema democrático.
A nivel legislativo, la Unión Europea presentó en 2023 una directiva destinada a armonizar las normas de lucha contra la corrupción en todos los Estados miembros. Bruselas ha instado a España a adoptar estas recomendaciones de manera urgente, antes del plazo fijado en septiembre de 2024, para evitar sanciones o mayores problemas institucionales.
Sin embargo, las dudas persisten sobre si el Ejecutivo de Sánchez será capaz de implementar las reformas necesarias. La inacción del Gobierno español podría tener repercusiones tanto internas como en la percepción de España en el contexto europeo, aumentando el escepticismo sobre su compromiso real con los principios democráticos.