La Comisión Europea ha puesto la lupa sobre el denominado «Gran Hermano» de Fernando Grande-Marlaska, una controvertida normativa impulsada por el Ministerio del Interior español que obliga al sector turístico a recopilar hasta 43 datos personales de sus clientes, incluyendo información parental y financiera, como requisito para hospedarse.
El objetivo de Bruselas es claro: evaluar si esta normativa viola las leyes europeas de protección de datos y si supone un obstáculo innecesario para un sector clave en la economía.
Marlaska bajo la lupa de Bruselas
La respuesta del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, a la portavoz del PPE, Dolors Montserrat, ha dejado en evidencia el conflicto entre la normativa española y los objetivos de la Comisión. McGrath subrayó que Bruselas busca reducir la carga administrativa del sector turístico en un 25%, mientras que el «Gran Hermano» de Marlaska genera más burocracia y un impacto negativo, especialmente para las pymes del sector.
Montserrat fue contundente al denunciar las implicaciones de esta medida: «No vamos a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertad individual y la normativa europea de protección de datos.» Según Montserrat, esta iniciativa no es una mejora de la seguridad, sino un intento más del Gobierno de aumentar el control sobre la población.
El sector turístico en crisis por la normativa
La eurodiputada del PPE, Rosa Estarás, destacó que en regiones como las Islas Baleares, el sector turístico vive con especial preocupación la posible implementación de esta medida. “Obligar a recabar información personal de los clientes no solo vulnera la privacidad, sino que también impone sanciones desproporcionadas de hasta 43.000 euros, afectando directamente a un sector esencial para la economía y la creación de empleo,” afirmó.
El PPE lleva meses denunciando los peligros de esta propuesta, especialmente por el alto coste administrativo que impone al sector turístico, dificultando su productividad y competitividad en un momento en que la economía necesita dinamismo, no más obstáculos.
Impacto económico y político
Desde Bruselas, se recalca que España no puede legislar en contra de los principios establecidos por la Unión Europea, especialmente cuando estas medidas perjudican sectores clave como el turismo. El nuevo registro de Marlaska no solo abre una crisis en términos de libertades individuales, sino que también pone en peligro uno de los pilares económicos fundamentales del país.
El PPE ya ha advertido que llevará esta situación «hasta el final» en las instituciones europeas, exigiendo la suspensión inmediata de la normativa y buscando garantizar que el sector turístico pueda operar sin las cargas administrativas desproporcionadas que plantea esta medida.