El Gobierno central ha planteado un decreto ley para abordar el reparto de los más de 5.000 menores inmigrantes no acompañados varados en Canarias. Sin embargo, la medida, que inicialmente fue descartada por razones de «inseguridad jurídica», vuelve a estar sobre la mesa como una posibilidad.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, confirmó tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, que el texto podría estar cerrado en un plazo de diez días. La idea es que se facilite un reparto extraordinario de estos menores entre las comunidades autónomas. Sin embargo, todo dependerá de la viabilidad legal que determinen los servicios jurídicos.
Riesgos de una medida sin apoyo
El decreto ley permitiría un inicio rápido del reparto, ya que entraría en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros. No obstante, el verdadero reto sería conseguir su convalidación en el Congreso en el plazo máximo de un mes. De no lograrse, el decreto quedaría invalidado, generando un caos legal y administrativo en torno a la gestión de estos menores.
Moncloa es consciente de los riesgos y ha comenzado a buscar apoyos parlamentarios. Según Torres, la posibilidad de una proposición de ley, que permitiría una tramitación más pausada, también está siendo evaluada como una alternativa al decreto.
El papel de Junts y la falta de respaldo
El principal escollo para el Ejecutivo no es solo el Partido Popular, sino su propio socio, Junts, que hasta ahora ha mostrado una postura de rechazo hacia el reparto de los menores. En un intento de evitar que la iniciativa fracase, el Gobierno ha reiniciado negociaciones con Junts, aunque sin resultados concretos.
«Cualquier medida debe ser aprobada por el Congreso», admitió Torres, quien destacó que Coalición Canaria prefiere el decreto ley por su rapidez, pero recordó que la falta de apoyos podría desatar una crisis aún mayor.
Antecedentes y reproches
El problema no es nuevo. En el verano de 2024, una proposición de ley firmada por el PSOE y Coalición Canaria para reformar el artículo 34 de la ley de extranjería fue rechazada en el Congreso, bloqueando cualquier avance en el reparto de menores. Torres aprovechó para culpar al PP de la situación, argumentando que, de haberse aprobado aquella propuesta, «estos niños ya estarían repartidos por el territorio».
Una situación sin solución a la vista
Con el PP y Junts rechazando, por ahora, cualquier apoyo a la medida, el Ejecutivo se enfrenta a un callejón sin salida. El riesgo de que el decreto no sea convalidado agrava aún más la incertidumbre, mientras miles de menores permanecen en Canarias a la espera de una solución que parece lejana.