Una docena de ministros y altos funcionarios del Gobierno de Pedro Sánchez han sido implicados en un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la trama Koldo. Entre los nombres señalados destacan figuras clave como la exvicepresidenta económica Nadia Calviño, la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, además de otros miembros actuales y pasados del Ejecutivo socialista.
El empresario y comisionista Víctor de Aldama, principal investigado, declaró el pasado 16 de diciembre ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Durante su comparecencia, Aldama aseguró haber pagado comisiones ilegales al entonces ministro Ábalos y a su asesor Koldo García para facilitar relaciones con otros ministros. Estas acciones, según Aldama, le permitieron acceder a múltiples ministerios y conseguir beneficios económicos indebidos.
Un escándalo con implicaciones en todo el Ejecutivo
En su declaración, Aldama implicó directamente a otros ministros y altos cargos, como:
- Reyes Maroto, exministra de Industria.
- Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
- María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
- Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y expresidenta balear.
- Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
- Salvador Illa, exministro de Sanidad.
- Óscar López, exministro para la Transformación Digital.
El comisionista también señaló a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por impulsar un proyecto sobre la «España vaciada» en colaboración con una filial vinculada a la trama.
El delito de tráfico de influencias
De acuerdo con el Código Penal español (artículos 428-430), el tráfico de influencias se refiere a situaciones en las que una autoridad o funcionario público utiliza su cargo para influir en decisiones administrativas, o cuando un particular ejerce influencia para obtener beneficios ilegítimos.
Las penas para este delito incluyen:
- Autoridades públicas: prisión de 6 meses a 2 años, multas que pueden duplicar el beneficio obtenido, y hasta 9 años de inhabilitación para cargos públicos.
- Particulares: penas similares, con restricciones adicionales como la prohibición de contratar con el sector público y de recibir subvenciones por hasta 10 años.
Una trama protegida desde el poder
El caso Koldo no solo destapa pagos ilegales y favores políticos, sino que subraya el posible uso indebido del aparato administrativo para proteger los intereses de una red de corrupción. Fuentes jurídicas consultadas por Subletimes destacan que los implicados deberían ser investigados tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.
Además, los ceses recientes de funcionarios clave, como Javier Hurtado y Paloma Villaró, tras sus denuncias sobre la trama, plantean serias dudas sobre la transparencia y el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
Con cada nueva revelación, la trama Koldo se convierte en un ejemplo cada vez más grave de cómo el poder político puede ser instrumentalizado para el beneficio personal y partidista, erosionando la confianza en las instituciones públicas.