El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el primer «índice de referencia» del Gobierno para limitar las actualizaciones de las rentas de alquiler. A partir de ahora, el tope estará fijado en un 2,2%, un cambio que busca sustituir al IPC como índice principal de referencia y que, según el Gobierno, pretende evitar incrementos «desproporcionados» en los contratos.
Sin embargo, este nuevo índice, cuya fórmula incluye valores definidos por el propio Ejecutivo, como parámetros del Ministerio de Vivienda y Economía, restringe aún más la capacidad de los propietarios de ajustar sus contratos según la inflación real.
Tumbos y contradicciones del Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un historial de medidas erráticas contra el mercado de alquiler. En 2019, vinculó los precios al IPC, una decisión que fue criticada por expertos por perjudicar la libertad de mercado. Pero cuando la inflación se disparó, atrapando a los inquilinos, el Ejecutivo limitó las actualizaciones al 2% en 2022. Ahora, elimina definitivamente el IPC como referencia, imponiendo un índice que ahonda en la intervención estatal.
Desde mayo de 2023, con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, todos los contratos nuevos deberán utilizar este índice, afectando directamente las rentas de los próximos años.
Efectos perversos sobre el mercado
El sector inmobiliario advierte que estas medidas tendrán consecuencias negativas. Según Lorenzo Colino, CEO de Renta Garantizada, los propietarios subirán los precios iniciales de los contratos para protegerse de las restricciones. Esto afectará especialmente a los nuevos inquilinos, quienes enfrentarán precios más altos al firmar sus contratos.
Además, Colino señala que la política de demonización hacia los propietarios desincentiva la inversión en el sector, afectando especialmente a los fondos especializados, que ven reducida su rentabilidad por estas medidas.
Más inseguridad jurídica, menos viviendas disponibles
El panorama se agrava con la prórroga del decreto antidesahucios hasta 2025, que favorece la okupación y aumenta la inseguridad jurídica para los propietarios. Desde su entrada en vigor en 2020, los plazos para desalojar a un okupa se han alargado, generando un clima de desconfianza que lleva a los caseros a excluir a familias vulnerables o jóvenes como posibles inquilinos.
Conclusión: intervención que ahoga el mercado
Lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, el Gobierno de Sánchez sigue imponiendo medidas que restringen la libertad de mercado y perjudican tanto a propietarios como a inquilinos. El resultado es un mercado más caro, con menos oferta y una creciente desconfianza que amenaza con desincentivar la inversión en el sector.