El Tribunal Supremo ha dejado claro que el Tribunal Constitucional (TC) no tiene carta blanca para actuar fuera de la legalidad. En un fallo que puede marcar un antes y un después en la Justicia española, la Sala Penal del Supremo ha rechazado la querella contra Cándido Conde-Pumpido y seis magistrados izquierdistas por el polémico «indulto encubierto» de los condenados por los ERE andaluces, pero abre la puerta a futuras investigaciones por prevaricación.
La resolución del Alto Tribunal señala que, aunque el artículo 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) impide que sus sentencias sean revisadas por otros órganos jurisdiccionales, esto no otorga impunidad a sus magistrados si estos incurren en delitos como tráfico de influencias, cohecho o revelación de secretos.
No hay inmunidad para el TC: el Supremo avisa
El auto del magistrado Andrés Palomo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, desmonta la idea de que los jueces del TC puedan actuar sin control:
«Esta disposición no significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado.»
Es decir, el TC no puede actuar como un órgano de justicia paralelo, reinterpretando la ley a su conveniencia y alterando sentencias firmes de otros tribunales sin consecuencias.
El «indulto encubierto» de los ERE: una prevaricación en toda regla
El caso que ha puesto en jaque a Conde-Pumpido es el polémico fallo del TC que revocó las condenas por malversación de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros altos cargos socialistas. Este movimiento fue denunciado como un «indulto encubierto» y un escándalo de impunidad política, lo que llevó a Vox y la asociación Hazte Oír a interponer una querella por prevaricación.
El Supremo ha rechazado esta querella por el momento, argumentando que el tipo penal de prevaricación no puede usarse para revisar decisiones del TC. Sin embargo, la clave del fallo es que deja claro que en el futuro sí se podrá actuar contra los magistrados del Constitucional si se demuestra una «injusticia objetiva» en sus resoluciones.
El fin de la «carta blanca» para el Constitucional
El Supremo ha dejado claro que el TC no puede ampararse en su autonomía para dictar resoluciones arbitrarias. En su auto, advierte que no se puede considerar prevaricación cualquier fallo con el que se discrepe jurídicamente, pero que sí se investigará si se demuestra que se ha actuado con total desprecio al derecho.
«No se trata de una carta blanca para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, sino que debe sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho.»
En otras palabras, si el TC vuelve a utilizar su poder para favorecer a determinados actores políticos o para anular condenas de forma escandalosa, podría enfrentarse a investigaciones judiciales y a responsabilidades penales.
El aviso del Supremo: la Justicia aún no está rendida
La decisión del Supremo marca un precedente clave en la batalla contra la politización de la Justicia. Hasta ahora, el Tribunal Constitucional había actuado con una impunidad casi absoluta, reinterpretando leyes y sentencias a conveniencia de la agenda del Gobierno de Sánchez. Pero este fallo lanza un aviso a navegantes:
➡️ El Tribunal Constitucional ya no es intocable.
➡️ Sus magistrados pueden ser investigados si cruzan la línea de la arbitrariedad.
➡️ El blindaje de la izquierda judicial tiene grietas y pueden terminar rindiendo cuentas.
Conde-Pumpido y sus aliados han utilizado el TC como un escudo político para proteger al PSOE de sus escándalos de corrupción, pero el Supremo acaba de desmontar su muro de impunidad. ¿Será este el primer paso para frenar la manipulación de la Justicia en España?