La magistrada juez decana de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, ha concedido un privilegio inédito: Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, accederá al juzgado por el garaje, esquivando así el tradicional paseíllo frente a la prensa que otros imputados no han podido evitar.
La medida responde a una solicitud del Palacio de La Moncloa, alegando un supuesto «ambiente hostil y rechazo social evidente». Mientras tanto, ciudadanos y medios cuestionan si este trato especial refleja una justicia igualitaria o la influencia del poder ejecutivo.
Además, el dispositivo de seguridad será reforzado con 200 agentes y 20 furgones de la Policía Nacional, un despliegue que no pasó desapercibido en casos similares como el de José Luis Ábalos o Koldo García.
Este acto coincide con la convocatoria de una concentración organizada por Hazte Oír, lo que refuerza la percepción de que la justicia y la calle demandan explicaciones claras. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros imputados no recibieron este trato de privilegio?
Mientras la magistrada defiende su decisión como un intento de equilibrar la seguridad con la libertad de información, los ciudadanos observan con incredulidad cómo se distorsiona el principio de igualdad ante la ley.