El caso Koldo sigue revelando nuevas y alarmantes implicaciones. Ahora se sabe que el inspector fiscal que destapó la red de presunta corrupción sufrió un espionaje sistemático, dirigido por un comandante de la Guardia Civil imputado por colaborar con la trama. Según la investigación, tras comprobar que el inspector era honesto, la trama decidió ir más lejos, buscando posibles «amantes» o «debilidades» para desacreditarlo.
La transcripción de una grabación incluida en el sumario refleja el enfoque de los implicados:
«Después él pide que lo pongas ahí eh… tal él me dice, oye macho, y de esto, podemos saber, si tiene alguna debilidad, si tiene amante, si tiene esto… digo, sh, no.»
Este intento de vulnerar la privacidad del funcionario evidencia el uso de medios policiales con fines corruptos, lo que deja al descubierto el grado de protección y recursos que la trama habría recibido desde el poder.
Vinculación con altos cargos y sobornos
El líder de la trama, Víctor de Aldama, ha confesado ante la Justicia haber solicitado un «favor fiscal» a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según su testimonio, Moreno habría transmitido la solicitud a su «jefa», y el trato se cumplió a cambio de un soborno de 25.000 euros.
Por su parte, Montero ha negado cualquier implicación, pero los ceses inmediatos de altos funcionarios como Javier Hurtado, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y Paloma Villaró, responsable de la AEAT en Aragón, tras denunciar la trama, generan serias dudas sobre la neutralidad del Ministerio. Ambos fueron cesados días después de enviar un informe sobre el caso al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional.
Uso de recursos públicos para proteger la trama
La red de corrupción no solo se benefició de sobornos, sino que utilizó recursos policiales para espiar al inspector que destapó el escándalo. Este método no solo pone en evidencia el alcance del caso, sino que plantea interrogantes sobre el nivel de complicidad dentro de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
En una conversación publicada por Subletimes, uno de los implicados expresó su frustración por no haber encontrado nada contra el inspector:
«Uno de la Agencia Tributaria, que está en Zaragoza, macho, que me está tocando las pelotas […] le he montado todo y tal […] Pero que no tiene nada.»
Impacto político y judicial
El caso Koldo está erosionando la confianza en las instituciones y apunta a una grave connivencia entre el poder político y una trama de corrupción organizada. Las destituciones selectivas de los responsables que intentaron investigar el caso refuerzan la sospecha de que la trama gozó de protección desde las más altas esferas del Gobierno.
Con cada nueva revelación, el caso subraya la necesidad de una investigación independiente que aclare el grado de implicación de los altos cargos y garantice que los responsables enfrenten la justicia.