Un juez boliviano ha emitido una orden de arresto contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, por un presunto caso de trata de menores. La resolución fue anunciada este viernes por el juez Nelson Rocabado durante una audiencia pública transmitida por el canal estatal de televisión. El caso ha generado conmoción en el país y profundizado las tensiones entre Morales y su antiguo aliado, el presidente Luis Arce.
El Ministerio Público acusó formalmente a Morales de este grave delito y emitió una primera orden de detención en octubre de 2024 para que el exmandatario se presentara a declarar. Sin embargo, Morales ha evitado presentarse ante la justicia, lo que llevó al juez a declarar su «rebeldía» y suspender el proceso judicial hasta que comparezca. Además, se han congelado sus bienes y se le ha prohibido abandonar el país.
Morales bajo protección y con denuncias de manipulación
Pese a la emisión de la orden de aprehensión, Morales sigue en el Trópico de Cochabamba, donde se encuentra protegido por un anillo de seguridad conformado por más de 2.000 personas, según informó Vicente Choque, líder sindical cercano al expresidente. Esto ha dificultado la ejecución de la orden de arresto, generando cuestionamientos sobre la capacidad de la justicia boliviana para actuar sin interferencias políticas.
El caso se centra en la relación que Morales habría iniciado en 2015 con una adolescente de 15 años mientras ejercía la presidencia. Según la Fiscalía, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de favores políticos y económicos. La adolescente tuvo una hija un año después, según el expediente judicial.
En declaraciones a los medios, Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, subrayó que los documentos médicos presentados por la defensa de Morales para justificar su ausencia en la audiencia —que incluían diagnósticos de bronconeumonía y bradicardia— no fueron considerados impedimentos jurídicos válidos.
Una nueva arista en el conflicto político
Morales niega rotundamente las acusaciones y argumenta que una investigación similar fue archivada en 2020, cuando se le imputó el delito de estupro, que contempla relaciones con menores de entre 14 y 18 años. Ahora, la Fiscalía ha enmarcado el caso como trata de personas, un delito con penas que oscilan entre los 10 y 15 años de prisión.
En un contexto político marcado por una lucha de poder entre Morales y Luis Arce, actual presidente y antiguo aliado, el caso adquiere un tinte aún más polarizado. Morales ha denunciado una “brutal guerra jurídica” y acusa al Gobierno de intentar proscribirlo políticamente antes de las elecciones presidenciales de agosto próximo.
Por su parte, el Gobierno ha mantenido un perfil bajo en el caso, mientras sectores de la oposición critican la lentitud de las autoridades para ejecutar la orden de aprehensión y la falta de transparencia en el manejo del sistema judicial.
Divisiones internas y futuro político
El enfrentamiento entre Morales y Arce ha fracturado al partido Movimiento al Socialismo (MAS). Ambos líderes disputan el control político y el liderazgo de la izquierda en Bolivia. Morales ha acusado repetidamente a Arce de traición, mientras este último se ha limitado a asegurar que la justicia debe actuar de forma independiente.
A pesar de las denuncias y el creciente aislamiento político de Morales, su influencia en sectores populares sigue siendo considerable. Sin embargo, el desarrollo de este caso podría definir su futuro político y el de su partido.
Con una audiencia programada pero suspendida, y las tensiones escalando en el ámbito político y social, Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. El caso no solo pone en cuestión la figura de Morales, sino que también expone las fragilidades del sistema judicial en un país marcado por la polarización y la lucha de poder.