El Gobierno de Pedro Sánchez comienza el año con un revés devastador en el Congreso de los Diputados. Las amenazas de Carles Puigdemont y su partido, Junts, se materializaron este miércoles, cuando los separatistas catalanes votaron en contra de los tres Reales Decretos que el Ejecutivo esperaba convalidar.
Entre ellos, medidas clave como la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público y la prórroga de la prohibición de desahucios. El golpe no solo evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno, sino también su incapacidad para articular alianzas políticas coherentes.
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La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue contundente al anunciar su rechazo, calificando las estrategias del Gobierno de «chantaje», «trilerismo» y «gandulerismo». Nogueras argumentó que las propuestas del Ejecutivo se presentaron de forma manipuladora, combinando medidas populares con concesiones políticas cuestionables, como la cesión de un palacete en París al PNV. “Pongan la subida de las pensiones en un solo decreto y lo votaremos a favor”, señaló, dejando en claro que la táctica de mezclar iniciativas para forzar apoyos no funciona con su partido.
El Partido Popular también aprovechó la debacle para infligir un daño político adicional. Aunque votaron a favor de la reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación, negaron su apoyo al Decreto Ómnibus, que incluía desde ayudas al transporte hasta prebendas para partidos como el PNV.
Desde Génova, la decisión se justificó señalando que “el regalo al PNV en forma de palacete en París no cuenta con nuestro apoyo”. En un giro estratégico, los populares presentaron una Proposición de Ley para garantizar el aumento de las pensiones, dejando al PSOE en la incómoda posición de tener que decidir si apoya la medida o se expone a más críticas.
El resultado de este enfrentamiento es claro: el Gobierno de Sánchez queda más debilitado que nunca. Su estrategia de combinar medidas populares con concesiones cuestionables no solo alienó a partidos como Junts, sino que fortaleció a la oposición en su narrativa de que el Ejecutivo carece de rumbo y seriedad.
Más preocupante aún es el efecto sobre su electorado. Las medidas tumbadas, diseñadas para satisfacer a sus bases, ahora quedan en el aire, afectando a pensionistas, usuarios de transporte público y familias en riesgo de desahucio.
En medio de este caos político, las tensiones entre Junts y ERC alcanzaron nuevos niveles de hostilidad. Mientras Junts se presentaba como el único partido catalán dispuesto a plantarse frente al Gobierno, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, no tardó en atacar, acusando a Junts de “chantajistas” y cuestionando sus motivos. “¿Ustedes votan a cambio del 3% o del 4% porque la sentencia no queda clara?”, preguntó Rufián, aludiendo a los casos de corrupción que han manchado a la antigua CiU.
Este intercambio no hace más que reflejar la lucha por la hegemonía dentro del separatismo catalán. Con ambos partidos perdiendo terreno en Cataluña, sus maniobras en Madrid buscan tanto consolidar su base como marcar distancia frente a un Gobierno que cada vez parece más incapaz de manejar las complejidades de su fragmentado apoyo parlamentario.
Para el PSOE, el panorama es sombrío. Las críticas de sus socios y el rechazo de medidas clave como las ayudas al transporte y la prohibición de desahucios son un golpe directo a su credibilidad. Con una oposición que huele sangre y unos socios parlamentarios que se distancian, Pedro Sánchez enfrenta un año donde cada decisión parece acercarlo más a la posibilidad de una moción de censura.