La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El objetivo, según su abogado, es que ratifique lo que ya afirmó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid: que la firma de los Pliegos de Prescripciones Técnicas se ajustó a las normas de la Complutense. A primera vista, esta solicitud podría parecer un intento de limpiar la imagen de Gómez y demostrar que actuó conforme a la normativa.
Sin embargo, lo que realmente transpira de esta jugada es una defensa cada vez más débil y un riesgo evidente: Gutiérrez-Vierna no solo podría respaldar a Begoña Gómez, sino que también podría reafirmar las graves acusaciones que pesan sobre la gestión de la cátedra de la esposa del presidente.
¿Quién es la interventora? La misma que denunció las irregularidades
El movimiento de la defensa parece un acto desesperado si se tiene en cuenta el papel de María Elvira Gutiérrez-Vierna en este escándalo. No estamos hablando de una figura neutral; es la misma persona que firmó el informe de la Intervención de la UCM donde se denunciaba que Begoña Gómez había adjudicado gastos de forma verbal y sin someterse a los controles necesarios.
Además, durante su comparecencia ante la Asamblea de Madrid, la interventora fue rotunda al afirmar que “nadie puede contratar en nombre de la universidad si no es el rector”. Según explicó, los estatutos de la Complutense son claros: el único órgano de contratación es el rector, en este caso Joaquín Goyache. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Por qué se adjudicaron contratos sin el conocimiento ni la firma del rector?
Un contrato irregular y un silencio incómodo
El punto clave en esta historia es la adjudicación a la empresa Making Science por un valor de 24.200 euros. Según el informe de la Intervención publicado el pasado verano, estos servicios se “concertaron irregularmente”, y todo apunta a que el encargo fue verbal, algo que contraviene las normas de contratación pública.
Durante su comparecencia, Gutiérrez-Vierna dejó claro que aún “no saben quién contrató a esa entidad”. Sus palabras son demoledoras: “Yo hago mi trabajo sobre los expedientes que recibo e informo de que esta prestación de servicios incurre en causa de nulidad.” La defensa de Begoña Gómez, lejos de aclarar las dudas, parece empeñada en enredar más el caso.
Al citar a la interventora, no hace más que poner sobre la mesa una contradicción insalvable: la misma persona a la que quieren utilizar como testigo a favor ha sido la que denunció, con contundencia, que estos contratos fueron irregulares.
Begoña Gómez y el control que nunca existió
La posición de la defensa de Begoña Gómez se basa en un argumento que roza lo surrealista: que la propia Gómez, en su condición de directora de la cátedra, era el mecanismo de control. Sin embargo, esto choca frontalmente con lo declarado por la interventora, quien subrayó que, debido a que Begoña Gómez era personal no vinculado a la UCM, el reglamento exigía la presencia de un codirector interno.
Dicho de otra forma: Begoña Gómez no tenía la autoridad necesaria para adjudicar contratos. Sus acciones, al margen de los controles establecidos, vulneran las normas de la Complutense. La interventora lo dejó claro:
“En la universidad, solo puede contratar el rector. Nadie más. La ley de Contratos establece que solo el órgano de contratación puede hacerlo.”
Entonces, si la ley y los estatutos son tan claros, ¿cómo se explica lo ocurrido con los contratos de la cátedra dirigida por Begoña Gómez?
Un informe que lo dice todo
El informe de la Intervención no deja lugar a dudas: 1. Los contratos fueron adjudicados de forma irregular. 2. No existió una fiscalización previa, un requisito obligatorio en este tipo de procedimientos. 3.
Nadie en la Complutense, ni siquiera el rector, tuvo conocimiento de estas adjudicaciones hasta que la interventora realizó su análisis. ¿Es esta la transparencia que defiende el presidente del Gobierno? Mientras Pedro Sánchez clama por la «regeneración democrática», las acciones de su entorno más cercano pintan una realidad muy distinta.
Conclusión: una defensa que no despeja las sombras
El intento de la defensa de Begoña Gómez por citar a la interventora de la UCM no hace más que evidenciar la falta de argumentos sólidos para desmontar las acusaciones. La jugada es arriesgada: puede que Gutiérrez-Vierna confirme que algunos procedimientos técnicos se ajustaron a las normas, pero también puede reafirmar las graves irregularidades que denunció desde el principio.
En este escenario, la sombra de la nulidad de los contratos sigue creciendo, y la defensa de la mujer del presidente parece cada vez más insostenible.
Al final, lo que queda claro es que la transparencia de la que tanto presume el Gobierno de Sánchez es solo un eslogan vacío que no resiste el más mínimo análisis. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando respuestas claras y una rendición de cuentas real. La pregunta sigue en el aire: ¿Quién contrató a Making Science y por qué lo hizo al margen de todos los controles?