La reciente intervención de la Guardia Civil contra el youtuber HRom, conocido por sus vídeos de divulgación científica, ha generado una oleada de críticas en redes sociales y en la opinión pública. Mientras España enfrenta problemas graves como la inseguridad ciudadana, el aumento de okupaciones y la escalada de delitos violentos, las autoridades parecen dedicar sus recursos a perseguir a creadores de contenido educativo.
Según la versión oficial, la Guardia Civil actuó tras recibir denuncias sobre supuestas actividades peligrosas relacionadas con explosivos en el canal de este divulgador, que acumula más de un millón de seguidores en YouTube. Sin embargo, el propio HRom desmintió las acusaciones en un vídeo publicado tras la operación. Afirmó que no fue detenido, aunque sí sufrió una redada desproporcionada con la participación de 18 agentes, quienes, según él, “no encontraron nada porque no había nada”.
Detenido un #youtuber con más de 1M de suscriptores por fabricación ilegal de #explosivos
— Guardia Civil (@guardiacivil) December 27, 2024
▶️Fabricaba artesanalmente mezclas explosivas e incendiarias y mostraba los vídeo-tutoriales en su canal
👉Cuando subáis contenido a #RRSS valorad el uso que algunas personas pueden hacer… pic.twitter.com/Q9LbK5cFKo
En palabras del youtuber, “me trataron al principio como un terrorista, pero luego se dieron cuenta de que no tenían motivos”. Este episodio no solo ha afectado gravemente a su reputación, sino que también ha puesto en tela de juicio las prioridades de las fuerzas de seguridad.
Perseguir divulgadores mientras crece la inseguridad
La actuación de la Guardia Civil ha sido calificada de desproporcionada e innecesaria, especialmente en un contexto en el que los problemas reales parecen estar lejos de resolverse. Los comentarios en redes sociales han sido contundentes:
- “Detenéis a gente por enseñar física y química mientras las calles están más inseguras y cada día hay más robos, violaciones, asesinatos y okupaciones.”
- “Ahora ya sabemos por qué se os escapó Puigdemont: porque no hacía tutoriales de lanza-patatas en YouTube.”
Estas críticas no son solo sarcasmo; reflejan un malestar generalizado ante la sensación de impunidad en delitos graves y una aparente falta de criterio en la asignación de recursos policiales.
Un divulgador científico bajo sospecha
HRom, cuyo contenido se centra en experimentos científicos y educación, negó rotundamente haber publicado vídeos que enseñen a fabricar explosivos. “Mis vídeos son con fines educativos, de entretenimiento. Jamás he enseñado cómo fabricar explosivos, es una acusación gravísima”, declaró.
En sus palabras, esta situación no solo lo afecta a él, sino también a su familia, que está viviendo momentos de injusto acoso mediático y social. Además, el youtuber dejó entrever que podría abandonar su actividad en la plataforma: “Está claro que vídeos de química ya no voy a hacer porque cualquier cosa será considerada peligrosa. Me estoy replanteando seriamente si continuar.”
El caso pone en evidencia la falta de comprensión hacia el trabajo de divulgadores científicos que, lejos de ser una amenaza, contribuyen al aprendizaje y la difusión del conocimiento en un país donde la ciencia no siempre ocupa el lugar que merece.
Una operación que refleja prioridades equivocadas
Este episodio pone de manifiesto una preocupante tendencia en las actuaciones de ciertas instituciones. Mientras las estadísticas de criminalidad aumentan, con delitos que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos, se destinan recursos a perseguir a un divulgador cuyo «peligro» radica en enseñar conceptos como la radiación térmica o cómo evitar la congelación del agua.
La Guardia Civil, que debería centrarse en proteger a los ciudadanos de verdaderas amenazas, ha perdido credibilidad con acciones como esta. Los comentarios en redes sociales reflejan una percepción de ineficacia que debería preocupar a las autoridades.
Una oportunidad perdida para la ciencia
La operación contra HRom no solo ha sido desproporcionada, sino que también ha enviado un mensaje negativo: en lugar de promover y proteger la divulgación científica, se criminaliza a quienes intentan acercar el conocimiento a las nuevas generaciones.
Mientras tanto, los problemas reales de la sociedad siguen sin resolverse, y los ciudadanos se preguntan si las instituciones están verdaderamente alineadas con las prioridades que exige la realidad del país. Si algo queda claro, es que esta operación será recordada como un nuevo episodio de ridiculez institucional, un reflejo de cómo los recursos públicos se desperdician en casos que no aportan nada a la seguridad ni al bienestar social.