La reciente actuación de la Guardia Civil contra el divulgador científico HRom ha puesto sobre la mesa un problema que va más allá de este caso puntual. Con una redada de 18 agentes para registrar el domicilio de un youtuber, bajo acusaciones de enseñar a fabricar explosivos, las prioridades de una institución clave en la seguridad de España quedan en entredicho.
En un contexto donde la corrupción gubernamental, la inseguridad y las falsas promesas se acumulan, el despliegue de recursos para perseguir a un creador de contenido educativo resulta tan desproporcionado como indignante. Más aún cuando la noticia, lejos de ser una investigación rigurosa, fue filtrada por la propia Guardia Civil a los medios, en lo que parece un intento desesperado por ganar relevancia pública.
HRom: de divulgador a sospechoso por una operación absurda
HRom, un youtuber con más de un millón de suscriptores, ha dedicado su carrera a la divulgación científica, acercando conocimientos sobre química y física a su audiencia. Sin embargo, esto no evitó que la Guardia Civil irrumpiera en su casa bajo sospechas de actividades peligrosas. La operación terminó siendo un fracaso absoluto: no hubo detenciones ni pruebas que sustentaran las acusaciones.
En un vídeo posterior, el propio HRom desmintió las acusaciones y explicó que sus contenidos siempre han tenido un propósito educativo y de entretenimiento. Afirmó, además, que la redada fue una experiencia traumática, no solo para él, sino para su familia. “Me trataron como un terrorista, pero luego se dieron cuenta de que no había nada. Esto no es más que un acoso desmedido”, señaló.
Los verdaderos problemas quedan en el olvido
Mientras se despliegan recursos en operativos como este, los problemas reales siguen sin resolverse:
- La corrupción gubernamental: Los millones desaparecidos en contratos irregulares durante la pandemia siguen sin esclarecerse, a pesar de las denuncias públicas y los testimonios. ¿Dónde está la investigación de las comisiones millonarias que se han pagado en el contexto de adjudicaciones públicas?
- Inseguridad ciudadana: Los robos, okupaciones, agresiones y asesinatos aumentan, creando un clima de temor en las calles españolas. Sin embargo, los esfuerzos parecen centrarse en perseguir a divulgadores científicos en lugar de a los verdaderos delincuentes.
- Las falsas promesas del Gobierno: Las ayudas prometidas a los afectados por la DANA en Valencia no han llegado en su totalidad. Miles de familias siguen esperando una respuesta mientras las declaraciones del Ejecutivo se quedan en el aire.
- Falta de acción en casos prioritarios: Desde la evasión de Puigdemont hasta la gestión de contratos fraudulentos, la sensación de impunidad está cada vez más arraigada.
En lugar de enfrentarse a estos problemas, la Guardia Civil opta por montar operativos mediáticos que solo logran desgastar su credibilidad.
Filtraciones mediáticas: un daño autoinfligido
La actuación de la Guardia Civil no solo fue desproporcionada, sino que se agravó al filtrar información del operativo a los medios. Esta práctica irresponsable no tiene justificación. ¿Qué objetivo cumple filtrar una operación que termina siendo un fracaso? En lugar de reforzar su imagen, esta estrategia solo genera desconfianza.
Además, el hecho de que la información se haya divulgado sin un análisis previo refleja una falta de profesionalismo preocupante. ¿Qué gana una institución pública al exponer sus errores en lugar de centrarse en corregirlos?
Un patrón repetido: persecución a los inocentes
El caso HRom no es un incidente aislado. Cada vez más, las instituciones del Estado parecen dedicar más tiempo a los espectáculos mediáticos que a resolver los problemas que verdaderamente afectan a los ciudadanos. Las prioridades están invertidas: se persigue a quienes educan mientras los responsables de actos delictivos mayores actúan con total impunidad.
Este patrón no solo afecta a la percepción de la ciudadanía sobre la Guardia Civil, sino que también erosiona la confianza en las instituciones en general.
Un cambio de prioridades es urgente
El caso HRom es un claro ejemplo de cómo la falta de criterio puede llevar a una institución clave como la Guardia Civil a perder su enfoque. Perseguir a un divulgador científico, mientras la corrupción y la inseguridad siguen creciendo, es una falta de respeto hacia los ciudadanos que confían en las fuerzas de seguridad para protegerlos.
Si algo ha quedado claro tras este episodio, es que España necesita instituciones que actúen con responsabilidad, priorizando los problemas reales y dejando de lado los espectáculos innecesarios. Sin un cambio profundo en las prioridades, la credibilidad de las fuerzas de seguridad seguirá en caída libre.