El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido apartar al coronel Daniel Baena, figura clave en las investigaciones sobre el referéndum ilegal del 1-O y la supuesta trama rusa del Procés, de su puesto al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Este movimiento, que cumple con las exigencias de Junts y ERC, se suma a una serie de decisiones que favorecen los intereses del independentismo.
Baena, uno de los nombres más señalados por el separatismo, se une a la lista de represaliados por el ministerio, donde también figura el coronel Diego Pérez de los Cobos, otro alto mando purgado por Marlaska en circunstancias similares.
Un desplazamiento que desactiva su influencia
Tras dirigir la Comandancia de Barcelona de manera interina, Baena había solicitado su confirmación en el puesto. Sin embargo, Interior negó la designación, optando por relegarlo a un cargo menor en la casa cuartel de Travesera de Gracia, un destino con menos responsabilidad y recursos. Ante la incertidumbre, Baena solicitó un traslado dentro de Barcelona para evitar un posible desplazamiento fuera de Cataluña.
La demora en la confirmación de su puesto refleja la sensibilidad política del Ejecutivo ante las demandas de sus socios separatistas, quienes han convertido a Baena en un símbolo de su lucha contra la acción judicial y policial del Estado.
Antecedentes de represalias
Esta no es la primera vez que el coronel Baena sufre represalias políticas. En 2021, fue relevado de la dirección de la Policía Judicial tras liderar investigaciones fundamentales contra el independentismo. Su papel en el 1-O y en las pesquisas sobre la trama rusa del Procés lo convirtió en un objetivo directo de los separatistas, quienes han presionado constantemente por su destitución.
¿Purga o cesión estratégica?
La decisión de apartar a Baena pone de manifiesto cómo el Gobierno de Sánchez, a través de Marlaska, ha optado por ceder ante sus socios nacionalistas en un intento de mantener el equilibrio parlamentario. Este desplazamiento no solo debilita el trabajo de la Guardia Civil en Cataluña, sino que envía un mensaje preocupante sobre la independencia de las instituciones del Estado frente a las exigencias políticas.
Conclusión: debilitamiento institucional
El caso de Baena no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de purga política que socava la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Con decisiones como esta, Marlaska y el Gobierno dan prioridad a los intereses de sus aliados políticos, dejando de lado el respaldo a los profesionales que, como Baena, han trabajado para defender la legalidad y la unidad de España.