Pedro Sánchez ha vuelto a ceder ante las exigencias de Carles Puigdemont para garantizar la continuidad de su gobierno. En un nuevo episodio de improvisación política, el presidente ha troceado el polémico decreto ómnibus, adaptándolo a las condiciones de Junts, y ha aceptado debatir una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza, aunque esta carezca de efectos vinculantes. Este gesto no solo evidencia la fragilidad del Ejecutivo, sino que también pone en jaque la credibilidad de Sánchez como líder político.
El decreto original, que incluía 80 medidas, fue reducido a 29. Las iniciativas económicas, criticadas por Junts, desaparecieron, quedando únicamente las de carácter social. Entre ellas, la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma, así como las bonificaciones al transporte público. Además, el nuevo texto incorpora «garantías» para los propietarios afectados por okupas, como avales para cubrir desperfectos o alquileres impagados.
Por el contrario, quedaron fuera medidas relevantes como el plan MOVES para fomentar la compra de coches eléctricos y ciertos incentivos fiscales, supuestamente aplazados para más adelante. También quedó fuera la polémica cesión de un palacete parisino al PNV, que ya es irreversible tras su inscripción notarial.
El caos del Gobierno en la Moncloa
La jornada del martes dejó en evidencia la falta de planificación del Ejecutivo. Mientras los periodistas aguardaban una rueda de prensa de ministros, se desmontó la mesa de la sala de prensa para improvisar un atril desde el que Sánchez anunció el acuerdo con Junts como si fuera un triunfo. «Somos el Gobierno de los acuerdos», afirmó Sánchez, tratando de maquillar lo que en realidad fue una nueva rendición ante Puigdemont.
El Gobierno presentó el acuerdo como un ejercicio de diálogo, pero las concesiones dejan claro que Sánchez prioriza su supervivencia política sobre la coherencia legislativa. Incluso aceptó que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley sobre una cuestión de confianza, una iniciativa que él mismo ha bloqueado en el pasado. Aunque la Constitución deja esta decisión en manos exclusivas del presidente, la admisión del debate muestra la creciente dependencia de Sánchez hacia Junts.
El precio de la improvisación política
El rechazo del decreto ómnibus original la semana pasada fue un duro golpe para el Gobierno, pero Sánchez prefirió culpar al PP y a Vox, calificándolos de «coalición negacionista», mientras eximía a Junts de responsabilidad. Este episodio, sin embargo, expone una verdad incómoda: el Gobierno no negoció con el PP desde el principio, confiando en un acuerdo de última hora con Puigdemont que fracasó estrepitosamente.
Las concesiones hechas en este nuevo acuerdo no solo reflejan la fragilidad del Ejecutivo, sino que también ponen en jaque la credibilidad de Sánchez. La dependencia del apoyo de Puigdemont para avanzar en su agenda política ha convertido al presidente en un líder reactivo, incapaz de trazar una dirección clara para el país. Cada cesión erosiona su posición, dejando a España en un limbo político cada vez más evidente.