El Gobierno de Pedro Sánchez sigue ampliando el gasto público, lo que mantiene a España en una delicada posición económica. Según datos del Banco de España, la deuda pública alcanzó en octubre de 2024 los 1.628.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 3,5%. Aunque la ratio deuda/PIB se ha reducido al 104,4%, esto se debe a un efecto estadístico provocado por la revisión del INE y no a una verdadera reducción de la deuda nominal.
En comparación con el 97,7% de deuda/PIB que España tenía en 2019, antes de la pandemia, el incremento es evidente. Este crecimiento descontrolado está sostenido por el gasto público, la entrada de trabajadores extranjeros y el aumento artificial del PIB, pero no por una mejora real de la economía nacional.
Auge de los sueldos públicos
Uno de los factores que más carga al gasto estatal es el pago de salarios en el sector público. Según datos de la OCDE, España es uno de los países que más invierte en retribuciones de funcionarios en relación con sus costes de producción. Mientras la media de la OCDE destina un 43,2% a estas partidas, España eleva esta cifra al 51,7%, lo que supone un gasto un 20% superior al promedio internacional.
En 2024, el número de empleados públicos ha alcanzado los 3.540.800, un incremento del 9,66% respecto a 2019, sumando más de 312.000 nuevos empleados públicos en cinco años. Este crecimiento implica que actualmente el sector público representa el 16% del total de asalariados en España.
Además, el Ministerio de Hacienda informó en noviembre que los empleos no financieros del Estado aumentaron un 7,8% respecto a 2023, mientras que la remuneración de los empleados públicos ascendió a 19.421 millones de euros, un 4,4% más que en 2023. Las retribuciones salariales subieron un 4,5%, y las cotizaciones sociales aumentaron un 4%.
Consecuencias económicas
El incremento de las remuneraciones públicas, sumado al gasto generalizado, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un contexto de deuda histórica y baja productividad, las políticas expansivas de Sánchez representan un peso insostenible para los contribuyentes.
El aumento del gasto público, lejos de fomentar el crecimiento económico, perpetúa un modelo dependiente del endeudamiento y de artificios estadísticos. Mientras tanto, la economía española no logra resolver problemas estructurales como la baja competitividad o la alta presión fiscal sobre las empresas.
Conclusión: más gasto, menos eficiencia
El Gobierno de Sánchez ha optado por seguir inflando el gasto público, incrementando el peso del sector público en la economía mientras aumenta la deuda sin medidas de contención. Aunque presenta el incremento salarial de los funcionarios como un logro, este crecimiento no refleja una mejora en la gestión ni un alivio real para la economía española.
Con una deuda superior al 100% del PIB y un sector público cada vez más grande, España avanza hacia un modelo insostenible que amenaza con hipotecar el futuro económico del país.