El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 12 de febrero, a raíz de una demanda presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La demanda alega una presunta vulneración del derecho al honor, después de que Sánchez calificara a González Amador como un «delincuente confeso» durante una declaración pública.
Aunque el presidente no está obligado a asistir personalmente, puede optar por enviar a la Abogacía del Estado en su representación. Según fuentes jurídicas, este acto tiene como objetivo intentar evitar un litigio formal mediante un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, Sánchez tiene la posibilidad de conciliar, negarse o no comparecer.
La estrategia legal de la defensa
Si Sánchez decide no llegar a un acuerdo, González Amador podría proseguir con una demanda civil por vulneración del derecho al honor o incluso plantear una querella penal por injurias y calumnias. «Tras el intento de conciliación, evaluaremos las acciones legales a emprender», han señalado fuentes cercanas a la defensa, que consideran que la solicitud de conciliación deja abierta esta posibilidad.
González Amador exige una indemnización de 100.000 euros al jefe del Ejecutivo, argumentando que sus declaraciones públicas en Bruselas, tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dañaron gravemente su reputación.
Contexto del conflicto
El comentario de Sánchez surgió en un momento de alta tensión política. En referencia a las investigaciones relacionadas con la pareja de Ayuso, el presidente afirmó: «Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo».
Estas declaraciones se produjeron tras conocerse la imputación del fiscal García Ortiz en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, lo que generó un terremoto político que ahora también tiene consecuencias legales.
Posibles repercusiones
El caso podría escalar si no se alcanza una conciliación. Una querella penal por injurias y calumnias podría complicar aún más la situación de Sánchez, especialmente en un contexto donde la batalla política entre Moncloa y la Comunidad de Madrid sigue intensificándose.
Por otro lado, la postura de González Amador refuerza la narrativa de Ayuso frente a las acusaciones del Ejecutivo, colocando al presidente en una posición incómoda ante la opinión pública.
Conclusión
El próximo 12 de febrero será una fecha clave para determinar si el presidente del Gobierno opta por resolver este conflicto legal o si decide enfrentarse a un litigio que podría desgastar aún más su imagen en un clima político ya de por sí tenso.