En noviembre de 2019, Pedro Sánchez, entonces candidato en campaña electoral, prometió llevar a Carles Puigdemont ante la justicia española. En un debate televisado, acusó a Pablo Casado, líder de la oposición en ese momento, de haber permitido la fuga del líder separatista y aseguró: «Me comprometo a traerlo de vuelta a España para que rinda cuentas.»
A través de su cuenta de Twitter, Sánchez reforzó su posición afirmando que «nadie está por encima de la justicia» y que el Gobierno respaldaría plenamente al sistema judicial para garantizar un juicio imparcial a Puigdemont.
Sin embargo, cuatro años después, esa promesa ha quedado en el olvido. Tras las elecciones de 2023, Sánchez pasó a depender de los votos de Junts, el partido liderado por Puigdemont, para mantenerse en el poder.
Una relación marcada por concesiones
Desde entonces, el Gobierno de Sánchez ha dado múltiples pasos para satisfacer las exigencias de Puigdemont, incluyendo la aprobación de una Ley de Amnistía diseñada a medida. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el delito de malversación, clave en el caso de Puigdemont, no era amnistiable, lo que dejó al líder separatista fuera del alcance de esta medida.
En respuesta, Puigdemont endureció sus demandas, incluyendo una cuestión de confianza al Gobierno y presionando con una amenaza de colapso legislativo si no se atendían sus peticiones. Estas tensiones se agravaron con el acercamiento entre Junts y partidos como el PP, lo que ha generado inquietud en las filas socialistas.
Una reunión que marca otro giro
La última cesión del presidente del Gobierno ha sido declarar públicamente su disposición a reunirse con Puigdemont. «No tengo ningún problema. No sé cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes de ERC como de Junts,» dijo Sánchez, en un intento por garantizar los apoyos de sus socios separatistas.
Este giro supone un contraste absoluto con su postura inicial, evidenciando cómo las prioridades políticas han transformado su relación con el líder independentista. Ahora, lejos de buscar justicia, Sánchez parece dispuesto a ceder cada vez más terreno para asegurar la estabilidad de su Gobierno.