Pedro Sánchez ha vuelto a vender humo a los propietarios afectados por la okupación. La supuesta línea de avales anunciada por el Gobierno para mitigar el impacto de la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios esconde condiciones inasumibles y no protege a las víctimas reales. Solo podrán acceder a este seguro aquellos que alquilen bajo los precios fijados por el Gobierno y, para colmo, solo podrán cobrarlo después de recuperar su vivienda, lo que en muchos casos puede tardar años.
El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado confirma lo que muchos temían: el objetivo del Gobierno no es proteger a los propietarios, sino calmar a sus socios de Junts y PNV. El resultado es un seguro de impagos que, lejos de solucionar el problema, profundiza la indefensión de quienes sufren la okupación en España.
Requisitos envenenados: un «seguro» que nadie podrá cobrar
Las condiciones para acceder a este seguro de impagos lo convierten en una burla para los propietarios. Para poder solicitarlo, el inquilino debe cumplir al menos uno de estos requisitos:
- Ser menor de 35 años.
- Ser considerado «vulnerable» según la normativa.
Estos criterios son precisamente los que han convertido la okupación en un problema crónico, ya que la vulnerabilidad es el pretexto utilizado para evitar los desahucios. Pero lo peor llega después:
- El alquiler debe estar dentro de los límites marcados por el Gobierno. Es decir, solo podrán acogerse aquellos propietarios que acepten los precios fijados por el Estado, incluso si estos están muy por debajo del mercado.
- El casero solo podrá reclamar el dinero seis meses después de recuperar su vivienda. Esto significa que, hasta entonces, seguirá afrontando gastos sin recibir compensación alguna.
Una vez más, los propietarios quedan abandonados por el Gobierno, que prefiere priorizar los intereses ideológicos sobre la protección de la propiedad privada.
Compensaciones inútiles: el fracaso de las ayudas a los propietarios
Este no es el primer intento del Gobierno de Pedro Sánchez de maquillar su falta de acción ante la okupación. Ya existía una compensación para propietarios afectados, pero su aplicación ha sido un completo desastre. Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), solo entre un 5% y un 7% de los propietarios han conseguido cobrarla.
El problema es el mismo que ahora: las compensaciones solo se pagan después del desahucio, dejando a los propietarios en la ruina mientras el proceso judicial se alarga sin fecha clara de resolución. Lo que el Gobierno presenta como una solución no es más que una estrategia para ganar tiempo y seguir sin tomar medidas reales contra la okupación.
El reglamento que permitirá activar estos avales ni siquiera está aprobado y tardará hasta seis meses en ver la luz. Mientras tanto, los okupas seguirán disfrutando de la protección del Gobierno, mientras los propietarios ven cómo su patrimonio se devalúa sin poder hacer nada.
Un sistema que protege a los okupas y castiga a los dueños legítimos
Pedro Sánchez ha convertido la okupación en un problema estructural. En lugar de tomar medidas eficaces para proteger la propiedad privada, ha optado por un falso seguro de impagos que no ayuda a nadie, pero que mantiene contentos a sus socios independentistas.
Los propietarios seguirán atrapados en un sistema que les impide recuperar sus viviendas y que les obliga a esperar meses o años para recibir una compensación que, en la mayoría de los casos, nunca llega.
Mientras tanto, el mensaje del Gobierno es claro: si eres propietario, estás solo.