La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dará un paso clave en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Este miércoles, los agentes procederán a copiar el contenido íntegro de uno de sus teléfonos móviles, según lo ordenado por el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo.
El caso gira en torno a una supuesta filtración de información confidencial que podría involucrar al fiscal general y que afecta directamente al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La investigación busca determinar si las comunicaciones del fiscal contienen pruebas que lo relacionen con este acto ilícito, en particular mensajes enviados o recibidos entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
Análisis exhaustivo del contenido digital
El procedimiento aprobado por el Tribunal Supremo incluye el análisis completo del dispositivo Samsung A54 5G perteneciente a García Ortiz. Según la resolución, la UCO no solo analizará las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, sino que también solicitará datos adicionales a los proveedores de servicios como Google y WhatsApp LLC. Esta petición incluye mensajes, copias de seguridad de chats y registros de comunicaciones asociados al usuario.
La diligencia tiene como objetivo reconstruir las posibles conversaciones o mensajes relevantes para la causa, incluso aquellos que hayan sido eliminados. La resolución del juez Ángel Hurtado calificó la solicitud de la UCO como «coherente y razonable», autorizando un acceso amplio a las plataformas digitales vinculadas al fiscal para garantizar la recuperación de información clave.
Sospechas y obstáculos en la investigación
Uno de los elementos más polémicos del caso es que García Ortiz entregó un dispositivo nuevo a la UCO, mientras que el original habría sido borrado antes de ser reemplazado. Este hecho genera dudas sobre si el fiscal intentó eliminar evidencia crucial antes de que el contenido pudiera ser analizado. No obstante, el acceso a las copias de seguridad almacenadas en la nube podría mitigar este obstáculo.
El Tribunal Supremo también ha solicitado cooperación internacional a través de comisiones rogatorias a WhatsApp y Google, con el fin de obtener registros de mensajes, archivos multimedia y cualquier otro dato asociado a las cuentas del fiscal general. Además, la UCO podrá acceder a repositorios de información donde se encuentren respaldos de los datos eliminados.
Implicaciones políticas y judiciales
Este caso tiene importantes repercusiones políticas y judiciales, ya que implica a la figura más alta del Ministerio Fiscal en España. Las acusaciones de revelación de secretos no solo dañan la credibilidad de García Ortiz, sino que también abren interrogantes sobre la imparcialidad e independencia del sistema judicial en casos de alto perfil político.
La relación del caso con Isabel Díaz Ayuso añade una capa adicional de complejidad. La presidenta madrileña se ha visto envuelta en múltiples controversias políticas, pero esta acusación pone en el foco a una institución clave del Estado, la Fiscalía General, y a su máximo representante. Además, la participación de la UCO, conocida por su rigurosidad en investigaciones de gran calado, subraya la gravedad de las sospechas.
Un proceso bajo la lupa pública
El análisis del contenido del móvil del fiscal general por parte de la UCO será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por actores políticos y judiciales. Si se confirma la implicación de García Ortiz en un caso de revelación de secretos, el impacto podría ser devastador para su posición y para la confianza en la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, el resultado de esta investigación también podría consolidar el papel de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial en su lucha contra la corrupción y las irregularidades en las instituciones públicas.
El caso avanza con cada nueva diligencia, pero lo cierto es que este proceso representa un desafío no solo para el fiscal general, sino para el sistema en su conjunto. La confianza en las instituciones está en juego, y este episodio se perfila como uno de los más trascendentes en la política y la justicia española de los últimos años.